Cuando los chicos quedan rehenes de las luchas políticas de quienes deben protegerlos…
El hambre que aun padecen millones de argentinos es el más urgente de los asuntos que este país debe encarar y solucionar. Si bien entendemos que en los últimos años han habido importantes progresos en lo que a indicadores sociales se refiere, no debemos dejar de lado la realidad de tantos compatriotas que todavía se encuentran por debajo de línea de pobreza, o aún peor, en situación de indigencia. Es en este sentido que desde el Encuentro por la Democracia y la Equidad (EDE) de Avellaneda celebramos y apoyamos el lanzamiento, por parte del gobierno nacional, del plan de Asignación Universal por Hijo anunciado en noviembre pasado.
Creemos que una medida de este tipo es un gran paso en la lucha contra esta problemática tan grave, y lo que destacamos principalmente es su carácter de universal para todos los desocupados (u ocupados en la economía informal). Vemos otro punto fuerte de este programa el hecho de que su implementación no sea de la misma manera que otros planes que éste y otros gobiernos han lanzado, es decir, que en el camino que va desde donde sale el dinero hasta quien lo cobra, haya ciertas instancias mediadoras que administran y “reparten” los beneficios a los beneficiarios.
Nos hemos acostumbrado a escuchar hablar sobre “punteros” (ya sean funcionarios municipales, dirigentes políticos, “referentes barriales”, o personas pertenecientes a movimientos sociales) que tienen a su cargo determinada cantidad de planes que pueden repartir según su voluntad, perpetuando una lógica clientelar que impide el justo reparto de los fondos a sus verdaderos destinatarios, y que hace que mucha gente en situación de pobreza e indigencia pase a depender de estos individuos amigos de los gobiernos de turno. En palabras del diputado nacional Martín Sabbatella, líder del Encuentro por la Democracia y la Equidad (EDE), “el clientelismo político convierte a los sectores más humildes en doblemente víctimas: Por un lado víctimas de la pobreza y de un modelo de exclusión, y por otro lado víctimas también de la extorsión de un puntero que les pide algo a cambio, cuando se trata de un derecho”.
Recientemente en Avellaneda han surgido conflictos en torno a los fondos que el municipio le otorga a diferentes comedores barriales, generándose cruces entre sus responsables y ciertos funcionarios de la ciudad, siendo el resultante la suspensión de los subsidios para algunos de estos comedores. Desde el Encuentro por la Democracia y la Equidad de Avellaneda consideramos estos hechos como aberrantes, y sostenemos firmemente que disputas políticas de esta índole, que pueden llegar a atentar contra la alimentación de tantas personas en situación de marginalidad (en este conflicto puntual se trata de alrededor de 1500 damnificados), demuestran una irresponsabilidad política y una falta de compromiso social muy graves, que es nuestro deber denunciar y combatir.
En el año 2009 advertimos sobre las alarmantes cifras que el Ministerio de Salud bonaerense arrojó en cuanto al aumento en la mortalidad infantil de nuestro municipio, y enfatizamos nuestro repudio al nombramiento de nuestro ex intendente, Baldomero Álvarez de Olivera, al frente del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. “Son casi 15 años de empobrecer y contaminar Avellaneda que se ven ahora premiados por la Provincia mediante la designación de Álvarez para un ministerio tan importante como lo es el de Desarrollo Social”, declaró en su momento el Lic. Emiliano Ramírez, presidente del Encuentro por la Democracia y la Equidad de Avellaneda.
En cuanto al conflicto con los comedores, Ramírez también expresó su posición: “Queda demostrado que aunque Cacho Álvarez no es más nuestro intendente, el municipio de Avellaneda continúa perpetuando un modelo de gestión que no protege a sus vecinos más vulnerables, que no es capaz de dar respuesta a las grandes problemáticas de la ciudad, que no convoca a la participación ciudadana, y que por supuesto ni siquiera se propone encarar políticas de transparencia, rendición de cuentas, etc.”
Estos hechos indignantes reflejan los riesgos que la lógica clientelar implica para los sectores más vulnerables, que son los que mas necesitan de la protección de un Estado que muchas veces en Avellaneda se muestra ausente. Que se haga presente para atender las necesidades de la gente y mejorar su calidad de vida es responsabilidad de los funcionarios públicos que para dicho propósito fueron elegidos democráticamente. Exigimos que actúen en consecuencia.
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